Santiago, 15 de Septiembre de 2011
Señores miembros de la mesa ejecutiva de la Confech
Señores directivos del Colegio de Profesores de Chile A.G.
Presente
Estimados señores:
Como gobierno estamos empeñados en resolver los distintos problemas que desde hace décadas afectan a nuestro sistema educativo, con la convicción que como sociedad tenemos una oportunidad única para efectuar reformas estructurales, que le cambien la cara a la educación chilena. Y al respecto estamos pensando tanto en la educación preescolar, escolar y superior, como en los problemas de cobertura, calidad, regulación y financiamiento que en mayor o menor medida se presentan en estos distintos niveles.
En este esfuerzo hemos planteado al país un conjunto de iniciativas que buscan resolver parte esencial de muchos de los problemas ya señalados. Nuestra inspiración permanente ha sido construir soluciones pensando en el bien común, asumiendo que en este desafío existen distintos actores que legítimamente quieren aportar y hacer oír su voz.
En ese espíritu, el Presidente de la República los invitó a conversar a La Moneda, en una reunión que sin duda fue positiva, pues cada cual tuvo la oportunidad de plantear con franqueza sus distintas inquietudes y posiciones. Posteriormente, como consecuencia de lo acordado en esa reunión, les planteamos un calendario de trabajo, donde en una secuencia de tres semanas, los invitábamos a dialogar en el Ministerio de Educación sobre los distintos temas que son de interés compartido. Esta invitación se las formulamos, como les consta, sin imposiciones de ningún tipo, en el sólo ánimo de continuar y profundizar este proceso de diálogo y sin excluir ningún tema de la conversación.
Nuestra expectativa habría sido ponernos a trabajar cuanto antes, asumiendo que las tomas de los establecimientos educacionales y las paralizaciones de las actividades académicas, tanto escolares como universitarias, están causando consecuencias cada vez más severas a las instituciones afectadas y, muy especialmente, a los propios estudiantes. Sin embargo, ustedes, luego de un rechazo inicial del Colegio de Profesores A.G. a conversar, han concordado finalmente solicitarnos diversas condiciones para acoger nuestra invitación de sentarse a dialogar.
Insistiendo en que no creemos en un diálogo con condiciones y que todo cuanto debiera interesar es tener una instancia donde debatir con franqueza y apertura los distintos temas, nos pronunciamos a continuación sobre sus exigencias en el mismo orden en que aparecen planteadas en su carta de 12 septiembre recién pasado.
1. Solicitan como primera condición que se postergue el plazo estipulado para la reasignación de becas y créditos (en materia de educación superior) y se recalendarice el año escolar.
Sobre esta exigencia debemos precisarles que los plazos previstos para que se desarrollen válidamente las actividades académicas tanto de educación superior como escolar, lejos de explicarse en una medida de presión del Ministerio de Educación como ustedes postulan, surgen de la reglamentación vigente, de las propias normas que se han dado las Universidades y, más importante que todo lo anterior, de exigencias cronológicas básicas que se explican por sí mismas.
En concreto, las actividades académicas del año 2011 están previstas para que tengan lugar durante el año calendario 2011. Y si bien existe la posibilidad que éstas se extiendan durante el mes de enero del año siguiente, el caso es que estas semanas adicionales no alcanzan a compensar paralizaciones de actividades que en algunos casos se han extendido por meses.
Así, en el caso de la educación escolar, ya existen establecimientos a los cuales les resulta imposible recalendarizar su año durante enero dada la cantidad de semanas de clases perdidas. Y este efecto se va a ir replicando en una serie de otros establecimientos en la medida que no retomen cuanto antes las clases y eviten de ese modo caer en igual imposibilidad.
En lo que se refiere a las actividades universitarias, hemos señalado, al amparo de la información recabada de las distintas universidades, que el primer semestre académico debe estar concluido el 7 de octubre de 2011, de modo que las semanas remanentes del año 2011, más las del mes de enero de 2012, hagan posible desarrollar el segundo semestre académico (que supone 16 semanas como mínimo), con los efectos que eso tiene sobre becas y créditos. Excepcionalmente pudiera ocurrir que alguna universidad pueda justificar que después de esa fecha todavía le resulta posible iniciar válidamente el segundo semestre. Sin embargo, estas holguras adicionales, que, insistimos, tocaría a cada universidad justificar, con mucho podrían explicar una extensión del plazo informado de una a dos semanas como máximo (y ello suponiendo calendarios de actividades académicas con sábados y domingos eventualmente y en tanto sea factible)
2. La segunda exigencia que nos plantean para dialogar es que el gobierno suspenda la tramitación de proyectos de ley relacionados con créditos en educación superior. Específicamente, entendemos que se refieren a 2 proyectos de ley: a) aquel que ingresó el Gobierno para darle facilidades de pago y reprogramación a los deudores morosos del Crédito Solidario y b) al proyecto de ley presentado por el Gobierno que rebaja la tasa de interés del Crédito con Aval del Estado del 6% anual aproximado que rige desde su creación el año 2006, a un monto del 2% anual garantizado.
Sobre esta condición, señalamos a ustedes que el Gobierno no está disponible para paralizarse en su rol de gobernar, el cual incluye por cierto, su tarea de presentar y tramitar los proyectos de ley que cree buenos para el país. Adicionalmente, no logramos comprender cómo el darle ayuda a más de 110.000 deudores morosos del Crédito Solidario, (cuya deuda promedio es de $2.8000.000.-), permitiéndole salir del registro de deudores impagos, regulando la condonación de intereses penales que los afecta y en definitiva, otorgándoles una nueva oportunidad, podría afectar el diálogo de ustedes con el Gobierno. No nos parece procedente esta condición, ni tampoco equitativa con estos otros chilenos a quienes el Gobierno también se ha comprometido a ayudar.
Igual cosa, con el segundo proyecto de ley que presentamos y que rebaja la tasa del Crédito con Aval del Estado del 6% aproximadamente al 2% de forma garantizada. Este proyecto va en beneficio de más de 365.000 alumnos de educación superior (mayoritariamente del 40% de menos recursos del país y pertenecientes a instituciones que no forman parte de Confech) y que ya se encuentran endeudados bajo esta modalidad de crédito. También beneficia a los nuevos estudiantes que ingresen el próximo año a estudiar acogiéndose a este tipo de crédito. Y el caso es que esta rebaja les implica disminuir el monto de la cuota a pagar en más de un 30% promedio. Nuevamente, no nos parece procedente ni equitativo paralizar la tramitación de una iniciativa que claramente va en alivio de una cantidad significativa de compatriotas.
Sin perjuicio de lo anterior, reiteramos nuestra disponibilidad para presentar indicaciones a estos dos proyectos de ley si producto de nuestro diálogo con ustedes surgen planteamientos que impliquen mejoras o perfeccionamientos a los mismos. En este sentido, valga consignar que la tramitación de estos proyectos debiera tomar más semanas que aquellas previstas para nuestra instancia de diálogo. Adicionalmente, pueden contar ustedes con que el Congreso se encargará de recabar su opinión respecto de estos proyectos, como ya lo ha venido haciendo respecto de otras mociones parlamentarias que tratan sobre educación.
3. La tercera condición planteada consiste en asegurar la trasparencia del proceso, de manera que la ciudadanía conozca las posturas de los distintos actores y los acuerdos alcanzados.
Sobre esta condición, apreciamos la trasparencia como un valor relevante y por lo mismo, nos declaramos disponibles para que después de cada instancia de diálogo se levante un acta o registro donde queden plasmadas las distintas posiciones sostenidas por los actores como los puntos de coincidencia y de desacuerdo.
4. La cuarta condición de su carta es que no se entreguen recursos públicos a aquellas instituciones que lucran infringiendo la ley.
Respecto de esta solicitud, compartimos plenamente su inquietud, según lo hemos manifestado públicamente en varias oportunidades. Y no sólo eso, sino que nos comprometemos a presentar los primeros días de octubre de este año, un proyecto de ley que crea una Superintendencia de Educación Superior, y cuyo objeto será fiscalizar que las Universidades cumplan la ley que les impone constituirse y actuar como corporaciones sin fines de lucro. Esta Superintendencia no agotará sus funciones en esta fiscalización, sino que también vigilará la trasparencia financiera de todas las instituciones de educación superior, exigiendo cuentas precisas de los ingresos, gastos, estados patrimoniales y financieros, etc. Adicionalmente, estará a cargo de recabar y publicitar diversas informaciones de carácter académico de las instituciones de educación superior como otros datos de interés para los alumnos, de manera que los estudiantes y sus familias adopten la decisión de dónde estudiar con la mayor cantidad de antecedentes posibles. Finalmente, la Superintendencia tendrá a su cargo prevenir y fiscalizar eventuales abusos de que puedan ser objeto los estudiantes, ejerciendo las acciones administrativas y legales que correspondan, convirtiéndose así en la garante de una relación académica que exige una mucha mayor regulación y control que la hoy existente.
Contestada así su carta de 12 de septiembre, y sin perjuicio de estar disponible para concordar una reunión para aclarar o profundizar cualquiera de los temas de esta respuesta, les reiteramos la invitación a sostener los encuentros de diálogo, bajo el convencimiento que serán una instancia útil, franca y productiva.
Nuestra disposición es que pueda concretarse esta etapa a partir de mañana mismo y pueden contar con nuestra mejor voluntad por hacer de ella un proceso lo más fructífero posible.
Sin otro particular, los saluda atentamente
Felipe Bulnes S.
Ministro de Educación
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