Esta ley fue aprobada por la Junta Militar el año 1984, con claros fines políticos; atacar la creciente oposición al régimen. Siendo empleada para frenar las acciones armadas de los grupos guerrilleros urbanos de izquierda a mediados de los 80 y utilizada también como mecanismo de intimidación a todo tipo de disidencia. La ley 18.314 siguió usándose hasta mediados de los 90 contra los restantes grupos subversivos.
La democracia no hizo más que perpetuar y perfeccionar la herencia de la dictadura. Aylwin elimina sus connotaciones políticas y tipifica los delitos de dicha ley como un delito violento gravísimo contra las personas. Lo cual se contradice con la práctica, ya que la connotación política persiste al analizar quienes son los imputados y condenados por esta ley: comuneros mapuches y posiblemente grupos anarquistas.
Fuente: Pikete Jurídico
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