Educación superior
Consideran "legítimo y necesario" poner término al autofinanciamiento. Para ello, proponen medidas como: a) Flexibilizar la normativa sobre administración y gestión de universidades estatales, permitiendo, por ejemplo, el endeudamiento a largo plazo. b) Crear un aporte basal a las universidades tradicionales asignado en base al cumplimiento de metas académicas y de gestión. c) Crear un fondo de revitalización para las universidades públicas que será utilizado teniendo en cuenta la condición regional, la composición socioeconómica de los estudiantes y la solvencia económica de las universidades.
Financiamiento Estudiantil
Promoverán la reestructuración del sistema de becas y créditos de alumnos provenientes de familias del 60% de menores ingresos; y la creación de un sistema de créditos de educación superior para quienes están en el 40% de las familias de mayores ingresos. Apoyan la eliminación del Crédito con Aval del Estado y la creación de un sistema único de fondo solidario que contemple una tasa de interés no superior al 2%. En el caso de las universidades privadas que reciban financiamiento estatal, deberán cumplir con estándares de calidad y transparencia "y ausencia total de cualquier forma de lucro".
Comparten la necesidad de crear una Superintendencia de Educación Superior y nadie discute la urgencia de un nuevo Sistema Nacional de Acreditación, que asegure calidad en la formación. También respaldan la creación de una Subsecretaría de Educación Superior.
Comparten la urgencia de modificar el actual sistema de administración de la educación pública, buscando uno de carácter "descentralizado, autónomo, profesional y especializado en la gestión y administración de la educación pública". Recuerdan, además, que el Gobierno debe presentar en septiembre un proyecto de ley que transforme el sistema actual de gestión de escuelas y liceos públicos.
Están a favor de replantear el sistema de subvención y crear un nuevo mecanismo de financiamiento que se haga cargo de la realidad actual de los establecimientos públicos. En el debate, incorporarán, en el caso de la educación pública, un aporte basal por alumno matriculado, además de la subvención asociada a la asistencia por alumno. Sobre el financiamiento compartido, reconocen que no existe una opinión unánime.
Coinciden en la creación de una nueva carrera docente y en acelerar la presentación de un proyecto que incentive el estudio de esa carrera y dignifique sus remuneraciones.
No existe unanimidad sobre la exigencia de suspender la creación de nuevos establecimientos subvencionados. Sí, en contar con un mejor sistema de regulación. Recuerdan que en abril se aprobó el proyecto que crea el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Parvularia, Básica y Media y su fiscalización; y asumen un compromiso de que -en el marco de la próxima discusión de la Ley de Presupuestos- acelerarán la creación de esta nueva institucionalidad.
Exigirán al Gobierno que en no más de 30 días entregue un cronograma de reconstrucción de establecimientos dañados por el terremoto del 2010.
Sostienen que la educación técnico-profesional o politécnica deberá contar con un sistema de financiamiento propio, así como también sus estudiantes deberán contar con prácticas profesionales fiscalizadas.
Se comprometen a revisar e incluso a reformular el decreto que garantice la existencia de los centros de alumnos, así como también a regular los espacios de participación democrática de la comunidad escolar.
Coinciden en el aumento de la cobertura del pase escolar, de manera especial el transporte regional y rural, pero discrepan en que ésta se extienda a los 365 días del año.
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