Principios
fundamentales para una Nueva Educación Pública
Confederación
de Estudiantes de Chile (CONFECh)
Mayo, 2015
1. Preámbulo
Desde hace
una década se ha venido gestando la voluntad en la sociedad por transformar
nuestro sistema educacional, erradicando las injusticias que reproduce y la
discriminación que produce, construyendo una educación que contribuya a un
Chile justo, libre e igualitario. Para ello es necesario identificar los
pilares del actual sistema y a su vez discutir cuales queremos que sean
los que propondremos para reemplazarlos.
En el marco
del Estado subsidiario, lo público se reduce a las reglas y subsidios que se
aplican a los privados y la educación se transforma en un bien de
responsabilidad individual. Esto ha provocado generaciones de estudiantes
endeudadas e instituciones con altos grados de abandono y
precarización, obligadas a insertarse en la competencia de instituciones
estatales y privadas.
Para pasar
de la educación de mercado a la educación como un Derecho Social, debemos
transitar de un modelo donde la educación es esencialmente particular y
competitiva -incluso la estatal- a uno donde sea esencialmente colaborativa y
democrática -en todas sus instituciones y que responda a una Estrategia
Nacional de Desarrollo donde la Nueva Educación Pública sea terreno fértil para
avanzar hacia una nueva Sociedad. En definitiva, la educación contra la que nos
rebelamos es una educación de mercado, donde el paradigma ha sido la ampliación
de la matrícula a través de la libertad de enseñanza entendida como libertad de
empresa, discriminando a estudiantes e instituciones.
Hoy existe
la alternativa de poner en el centro el Derecho Social a la educación como espacio
de integración, cohesión, democracia y cambio social, con pluralidad pedagógica
y libertad para el desarrollo de proyectos educativos, vinculada al desarrollo
del país. La oportunidad que se nos presenta en este contexto, nos interpela a
construir una visión de educación diferente, más allá de medidas específicas
sobre financiamiento o fiscalización, así por medio de este documento
proponemos a la sociedad un conjunto de principios y demandas como elementos
fundamentales para una Nueva Educación Pública que apuesten a
transformarla globalmente, en su dimensión institucional, democrática,
participativa, curricular, etc. con un fuerte compromiso del Estado en el
diseño, orientación y regulación del sistema.
Para esto,
apostamos a un trabajo unificado con todos los actores de la educación,
avanzando en una convergencia social que nos permita empujar en conjunto una
reforma educacional.
2.
Democracia y Modelo de Desarrollo.
Para
recuperar la educación creemos que es necesario entenderla como una
preocupación y responsabilidad colectiva y no individual. La mejor vía para
lograr aquello es abrir procesos democráticos en materia de educación. No
sólo para que las comunidades fiscalicen o exijan el cumplimiento de sus
derechos, sino también, y principalmente, para que determinen la orientación de
los procesos educacionales.
Ha sido la
obsesión tecnocrática la que ha entregado la educación a pequeños grupos de
expertos, muchos de los cuales no son parte directa del proceso educativo y
representan intereses individuales de por medio, aislándola del control
ciudadano y transformando incluso la educación del Estado en un proceso
privado, sin deliberación. La democratización se presenta como la posibilidad
de que todos nos apropiemos de un bien que a su vez es responsabilidad de
todos: la educación. Esto implica democratizar diferentes niveles del sistema.
En la
historia reciente de nuestro país la educación se ha entendido solamente como
un medio para generar capital humano calificado, esto omitiendo que es un
proceso mucho más complejo que simplemente calificar mano de obra y
segmentarla. Es producto de esta mirada que los procesos educativos terminaron
en manos de supuestos expertos o en negocios educativos, aislando a la sociedad
de la decisión de la educación que queremos. La democracia permite que
sean los actores educativos, las comunidades educativas, y la sociedad en
su conjunto quienes tracen el camino en que se mueva el sistema educativo,
revirtiendo el proceso privatizador y tecnocrático.
Junto a lo
anterior, la educación tiene que estar al servicio del país, para lo cual la
sociedad debe tener un rol preponderante en orientarla a través de espacios
democráticos al interior de las instituciones educacionales, sin importar su
régimen de propiedad. Así, abrir los establecimientos educacionales a las
comunidades, a nivel regional y nacional, de forma institucionalizada, es una
forma de garantizar la pertinencia de los estudios con desarrollo nacional y
local, en su dimensión productiva, cultural, ética, etc. En paralelo, un mayor
vínculo entre los centros de estudios y la sociedad civil que la rodea es
también una forma de fortalecer y una herramienta para el desenvolvimiento de
las comunidades.
Al mismo
tiempo que la sociedad determina su orientación de forma democrática, es
necesario garantizar la autonomía de las instituciones para que no sean
cooptadas por los intereses de un pequeño grupo. La libertades académicas, de
expresión, de investigación y extensión se protegen mediante la democracia
interna de los establecimientos. Mientras las presiones fácticas externas
buscan orientar el conocimiento a sus intereses, las propias comunidades
resguardan los fines educacionales. Para ello, la participación democrática de
estudiantes, académicos y funcionarios, en la Educación Superior; y de
estudiantes, profesores, apoderados y directivos, a través de Consejos
Escolares Resolutivos, resguardan la debida autonomía de la educación, por lo
que debiese ser condición de acreditación y asignación de recursos la creación
y obligatoriedad de estas instancias de participación, que incluyan a toda la
comunidad de educación superior y escolar, respectivamente.
En la misma
línea, aún cuando la derogación del DFL N°2 ha sido un avance, es fundamental
además conquistar condiciones que permitan a los distintos estamentos ser
parte de la definición del rumbo de sus casa de estudios, eliminando figuras
como las Juntas Directivas, que al reflejar la lógica empresarial, autoritaria
y antidemocrática de instituciones mercantilizadas, resultan
incompatibles con mecanismos y dinámicas de participación de los estamentos de
cada comunidad.
En relación
a lo anterior, como estudiantes de Chile proponemos lo siguiente:
- Definición de una Estrategia Nacional de Desarrollo para la Educación
Superior Pública. La construcción de esta estrategia debe incorporar a los
distintos actores sociales relevantes del país y la formulación de ésta debe
ser democrática.
- La Estrategia Nacional de Desarrollo para la educación pública debe
garantizar que el conocimiento adquirido en las casas de estudio tenga
orientación social. ·
- Creación
de organismo al interior de los establecimientos de ESUP y de la administración
escolar que vinculen la institución con las organizaciones locales
representativas y democráticas de la sociedad. Dentro de las decisiones
importantes de estos organismos es velar por la existencia de una regulación de
las matrículas, a modo de no dar sobreoferta de carreras respecto a las
necesidades del país y sus regiones.
-
Establecimiento de gobiernos triestamentales en todas las instituciones de
Educación Superior y que toda la comunidad participe en las elecciones de
autoridades unipersonales y organismo colegiados. Estos gobiernos
triestamentales deben ser parte de la toma de decisión.
- Aprobación
y monitoreo de Proyectos Educativos Institucionales por parte de las
comunidades universitarias.
- Creación
de Consejos Escolares Resolutivos en la educación escolar.
-Transparencia
y participación en las políticas de financiamiento de investigación y becas.
3.-
Expansión de la Educación Pública.
Históricamente
la educación pública, no sólo la estatal, ha estado de la mano de la
construcción del país, teniendo un rol ineludible en la expansión de la
cultura, las artes y las ciencias y, además en la dinamización de la sociedad,
permitiendo el encuentro de las y los chilenos sin discriminación.
Sin duda,
desde la dictadura militar, la educación pública ha vivido un proceso de
precarización y abandono por parte del Estado, sobreviviendo, tensionada
constantemente por la arremetida del mercado en educación, los intereses
privados y el predominio tecnocrático.
El desafío
por devolverle su espacio a la Educación Pública, es también el desafío por
abrir el Estado hacia la sociedad y por democratizar la política. Así la
educación pública, debe permitir la expansión y el fortalecimiento de espacios
democráticos, otorgando con su formación las herramientas necesarias para
evaluar y re-pensar de manera colectiva el sentido y los objetivos de su propio
desarrollo. Es la educación pública el espacio de encuentro de la sociedad no
sólo institucionalmente, sino que también en la vida cotidiana y la mejor
garante de la representación de los intereses de la sociedad con un rol activo
en las orientaciones de los procesos educativos, de ahí la necesidad de su
expansión.
Fortalecer
la Educación Pública, de hecho, supone que el Estado debe tener un rol activo y
preponderante en la promoción y provisión de la educación pública -como un
derecho universal- . Esto se hace robusteciendo sus instituciones y
expandiéndolas en términos de cobertura, invirtiendo en infraestructura y
docencia, con presencia en todas las etapas: preescolar, escolar, profesional y
técnica, garantizándole el acceso a educación de calidad a todas y todos,
democratizando el acceso (eliminación de la PSU) y la producción del
conocimiento, vinculándose con el desarrollo nacional y regional. En este
sentido, aparece como primordial pasar a un sistema planificado donde sean las
necesidades del país a través de una Estrategia Nacional de Desarrollo, las que
determinen la expansión de la matrícula, el crecimiento de las universidades y
la orientación social del crecimiento.
- Toda
institución de Educación Superior, debe cumplir los siguiente requisitos para
ser considerada Pública: no debe lucrar, debe tener gobiernos triestamentales,
acogerse a una Estrategia Nacional de Desarrollo, cumplir con transparencia en su
quehacer y su financiamiento, entregar estabilidad laboral por medio de
contrata y pasar a planta de las funciones permanentes, tener un desarrollo
curricular no sexista e inclusivo de las minorías de nuestro país y se debe
vincular a las comunidades locales. A su vez, el Estado se debe comprometer a
financiar la totalidad de sus actividades académicas, con fondos basales, así
promoviendo la cooperación entre instituciones a todo nivel y eliminando la
lógica de competencia que hoy impera.
- Duplicar
la matrícula pública en todos los niveles de la educación, secundaria, técnica,
superior, etc., otorgando condiciones financieras y de infraestructura para
poder acoger a todos y todas las estudiantes.
- Terminar
con la neutralidad del Estado, esto implica establecer
una estructura de financiamiento especial y completo, que sea basal, para las
instituciones establecimiento una estructura de financiamiento especial
para la educación pública en todos los niveles.
-
Desmunicipalizar la educación escolar.
- Terminar
con el límite del 6% al crecimiento de las universidades del Estado.
- Creación
de una red de CFT estatales que funcionen coordinados con las universidades del
Estado, con una articulación real y colaborativa entre la educación escolar
pública y superior universitaria/técnica pública, para fortalecer un sistema
público.
-Protocolo
de reacción desde la red pública de educación, en caso de cierre de
universidades privadas.
4.-
Gratuidad
La gratuidad
universal es la mejor forma de garantizar que al educarnos somos todos iguales.
Por ello, la gratuidad no es un principio económico sino un requisito para los
fines educativos en una sociedad que anhela ser democrática. Entender la
gratuidad como una ingenuidad es una constricción en definitiva autoritaria y conformista
con el actual estado de cosas. La promesa de que todos valemos lo mismo debe
ser posible o simplemente vivimos en la hipocresía. Nosotros pensamos lo
primero.
Por
supuesto, que el acceso gratuito a la educación debe financiarse de alguna
forma. La pregunta es quién y cómo debe financiarse. Como la educación es una
responsabilidad de todos debe ser de acuerdo a las capacidades de cada cual,
debiendo aportar más quienes más tienen. El instrumento para llevar a cabo
dicha tarea es el sistema tributario. Lamentamos que esté en riesgo la
oportunidad de llevar a cabo una política transformadora como la educación
gratuita por un acuerdo político que zanjó una reforma tributaria insuficiente.
Si es necesario, debemos discutir nuevamente la necesidad de otra reforma
tributaria, que transforme realmente la distribución de ingresos dentro de
nuestro país, u otras formas de financiar la educación gratuita como la
renacionalización de los recursos naturales .
Esta mayor
inyección de recursos a la educación no puede ir a engrosar el mercado
educativo, como ocurrió con la denominada Ley de Inclusión. Para ello debe
sustituirse el financiamiento a la demanda vía becas, subvenciones y créditos
por aportes directos de libre disposición a las instituciones. Terminando con
la competencia de las instituciones por los estudiantes-recursos para dar lugar
a una estructura que planifica las labores de docencia, extensión e
investigación conforme a los fines de la institución.
Para lograrlo, se requiere de una nueva institucionalidad, con una forma
de financiamiento sustancialmente, donde tengan un peso preponderante aquellas
Instituciones Educacionales Públicas que cumplan un rol definido dentro de una
Estrategia Nacional de Desarrollo, a partir de la cual las instituciones
orienten su quehacer de acuerdo a las necesidades de nuestra sociedad y con una
dinámica de acceso que supere al actual.
- Transferir
inmediatamente el presupuesto destinado a becas por financiamiento a las
instituciones, estableciendo como contrapartida la disminución de los aranceles
en la misma proporción.
- Aumentar
el Aporte fiscal directo a las instituciones de educación superior que cumplan
con lo establecido en términos de acceso y democracia.
- Terminar
con el Aporte Fiscal Indirecto (AFI)
- Fortalecimiento
inmediato de las universidades estatales regionales.
- Generar un
nuevo sistema de acceso a la ESUP, eliminando la PSU y poniendo el centro en la
vocación.
- Establecer
un sistema de apoyo estudiantil que incluya aspectos sociales, académicos,
nivelación, permanencia y titulación de los estudiantes que
ingresen a las IES.
-Controles
al gasto por parte de la comunidad educativa y transparencia activa y pasiva en
universidades privadas.
5.- Fin al
Lucro
Someter el
proceso educativo a las lógicas del dinero corrompe las finalidades propias de
la educación. No se trata por supuesto que no exista dinero involucrado. Los
profesores, funcionarios y trabajadores tienen derecho a un salario justo como
cualquier trabajador. Pero la finalidad misma de una institución no puede estar
en su contabilidad sino en la comunidad que se une en torno a la educación.
Por estas
razones creemos que ninguna institucionalidad educacional del país puede tener
fines de lucro con fondos de todo tipo, sean privados o públicos. Sin atender a
si es un establecimiento privado o público, con financiamiento del Estado o sin
él. No hay razones ni criterios para que un niño, joven o adulto, ni los
profesores que enseñan, tenga que vivir el proceso educativo bajo el interés de
quien quiere retirar dinero de la institución. En este sentido, permitir el
lucro en las instituciones que no reciben aporte estatal es un acto
profundamente discriminatorio que legitima las enormes desigualdades de nuestro
país.
En la
transición a un sistema educacional sin lucro deben incluirse también los
resquicios e instituciones conexas mediantes las cuales se inmiscuye el interés
comercial en el proceso propiamente educativo, como ocurre con las agencias de
Asistencia Técnica Educativa (ATE) o las fundaciones en las Universidades..
- Establecer
como requisito de existencia de toda institución educacional formal que busque
reconocimiento del Estado el ser una institución sin fines de lucro, tanto en
el ámbito pre-escolar, escolar y superior, público y privado, con o sin
financiamiento del Estado.
- Proceso de
revisión de instituciones conexas a la educación superior que identifique y
restrinja los resquicios para el lucro en educación.
· - Quien transgreda la prohibición de lucrar con la educación,
sea persona natural o jurídica, tanto de manera directa como indirecta, deberá
tener pena aflictiva.
6. Nuevo
Marco Regulatorio para la Educación Superior.
Una nueva
educación pública como pilar del sistema educativo requerirá de un plan nacional
de desarrollo, en el que las instituciones, públicas y privadas, actúen
articulada y coherentemente, en una dinámica de colaboración y no de
competencia, respondiendo a las necesidades de la sociedad y por tanto,
garantizando una descentralización política y curricular de la educación.
Frente al
estado de desregulación del sistema, un nuevo marco regulatorio deberá
articular a las instituciones educativas, universitarias y técnicas, definiendo
las exigencias mínimas y transversales, como las institucionalidad necesaria
para su existencia. Las instituciones que compongan el sistema, deberán
imprimir una lógica de cooperación estratégica conforme a las necesidades y
desafíos sociales a nivel país, velando por la pertinencia de la educación en
función de las necesidades locales, regionales y nacionales.
De esa forma, y dejando de concebir a las instituciones como mercados,
será posible que el nuevo sistema, preponderantemente público, organice a la
educación y que por tanto, ordene la expansión o creación de nuevas
instituciones. En específico respecto de las instituciones privadas, que sea
coherente con el plan de desarrollo y la exigencia democratizadora de la
educación. Entendiendo a la educación privada ya no como nicho de mercado, sino
como expresión de posibles proyectos culturales y educativos diversos.
Un nuevo
marco regulatorio, fruto de un acuerdo democrático y con la participación
permanente de las comunidades educativas, deberá posibilitar una
educación pública, gratuita, democrática, no sexista, pluralista, sin
lucro, de calidad, articulada con las necesidades del país y su estrategia de
desarrollo.
- Discusión
amplia y participativa sobre una Ley Marco de Educación Superior.
- Nuevo
Marco Regulatorio para las Instituciones de
administración Estatal, en donde el Estado se comprometa a sanear financiera,
estructural y en la gestión a las Instituciones de Educación Superior del
Estado, sometiéndolas a un nuevo régimen de contratación de personal y a un
financiamiento basal de todas las funciones de estas universidades. Además,
deben contar con una regulación común y coordinada para las
instituciones del Estado.
-
Vinculación de la ESUP a las estrategias nacional y locales de desarrollo.
-
Nuevo Marco Regulatorio para las
instituciones de ESUP privadas nacidas con posterioridad a 1981, que incluya
regulación de la matrícula, democratización y vinculación con la Estrategia
Nacional de Desarrollo.
- Transparencia del uso de los recursos y de las
decisiones tomadas en todas las institución de educación, sean de
educación escolar o superior, independiente de su propiedad.
7. Nueva
profesión docente.
Los
profesores son pilares fundamentales en la construcción de una sociedad
democrática basada en derechos sociales. Son ellos los transmisores de la
cultura, por lo tanto también son actores fundamentales en su transformación.
Lamentablemente uno de los legados más arteros de la dictadura fue quitarles a
los profesores el estatuto de funcionario público al precarizar radicalmente
sus condiciones laborales, afectando su desempeño profesional, lo que también
se ha visto reflejado en la baja valoración social que posee el profesorado.
Una transformación de la educación pública debe pasar por enaltecer la posición
del profesor en nuestro país, no para volver hacia el pasado, sino para
activarlos como protagonistas de la construcción del nuevo Chile que
necesitamos.
En este
sentido, cualquier reforma que mejore las condiciones de los profesores debe
ser universal, o sea, incluir a todos los profesores del sistema escolar, estos
ya sean del sistema público, privado o particular subvencionado. Son estos
establecimientos los que a su vez concentran la mayor cantidad de matrícula a
nivel país y también los que poseen las condiciones más altas de explotación para
los profesionales y trabajadores de la educación en general.
Los salarios
de los profesores deben ser reestructurados de forma radical. Su crecimiento
debe ir en consideración con el valor social de su profesión, por lo tanto es
imprescindible un fuerte aumento en su sueldos base. La carrera profesional que
defina los aumentos posteriores debe ir de la mano con evaluaciones de
desempeño que deben considerar la dimensión colectiva del trabajo docente, y no
fomentar una competencia entre pares que vaya corroyendo las comunidades
educativas y con esto la calidad de la educación que se le entrega a los
estudiantes. Las evaluaciones no deben ser punitivas, ni menos inhabilitantes.
No existe profesión en Chile en donde bajo un régimen tan débil como el propuesto
por el actual Código del Trabajo, un trabajador pierda la licencia para ejercer
su profesión. Las evaluaciones deben tener un carácter propositivo y formativo
para los docentes, sobre todo considerando las largas décadas de maltrato que
han vivido a nivel laboral y profesional.
El agobio
laboral, es decir, la cantidad de trabajo burocrático que los profesores
realizan además de hacer clases, debe terminar. Profesionalizar la labor
docente significa empoderarlos al interior de sus comunidades educativas. Son
ellos los que deben tomar las decisiones para mejorar sus desempeños, y no
agencias externas de dudosa calidad y agentes de lucro en la educación como las
ATE.
-
Reconocimiento del profesor como funcionario público.
- Carrera
profesional universal, para profesores de los establecimientos escolares
- Aumento de
sueldo base a $1.000.000
- Evaluación
basada en la colaboración y en ningún caso habilitante
- Proporción
de horas lectivas y no lectivas equivalentes o 50/50.
- Bajar
máximo de alumnos por sala a 25.
8.
Condiciones laborales.
Las
instituciones educacionales no pueden adoptar las lógicas de explotación del
mercado, realidad que se evidencia al interior de los planteles con conceptos
como la “externalización de servicios” que en la práctica es permanente y que
en definitiva evita la organización de los trabajadores y perpetua condiciones
de precariedad laboral que impiden contar con una comunidad organizada e
incidente en el rumbo de las casas de estudios. Las y los funcionarios de las
instituciones deberán ser contratados por éstas, y no por empresas
intermediarias. Garantizando condiciones de trabajo dignas, estabilidad laboral
y garantías de participación.
Debemos
incluir en estas medidas a los docentes universitarios, mejorar su estatus contractual
en las universidades, destinar más y mejores financiamientos para sus
investigaciones, en conjunto con asegurarles una carrera profesional que valore
sus logros académicos por sobre los clásicos “cuoteos”, que reproducen pequeñas
parcelas de poder por facultad en universidades que deberían estar el servicio
del país y su democracia.
Erradicando
estas lógicas de mercado del mundo del profesorado es que podemos construir una
educación pública que tenga a los profesores como protagonistas del cambio que
Chile necesita.
La lógica de
honorarios, como práctica masificada al interior de las instituciones públicas
y privadas, propicia la precarización laboral, por lo que se debe terminar con
la dinámica de convenios a honorarios y comenzar un proceso de contratación de
trabajadores académicos y no académicos, sea por carrera académica o por
concurso público. Este tipo de cambios permiten generar una comunidad que
ejerza los principios de democracia antes expuestos.
- Generar
una carrera académica estandarizada dentro de las instituciones públicas de
Educación Superior.
- Reforma a
la Ley de Subcontrato estableciendo restricciones específicas en educación
9. Unidad y
Acuerdo del Movimiento Social Amplio
Actualmente
nuestro sistema político sufre una profunda crisis de legitimidad, incapaz de
darle una respuesta al conflicto educacional, pues para una reforma educacional
se requerirá de un amplio acuerdo de la sociedad. El acuerdo entre los
diferentes actores de la educación y del movimiento social en general es
fundamental para sacar adelante una reforma que ponga en el centro los
intereses de las mayorías y no de unos pocos.
Las
experiencias de participación que ha abierto el Gobierno hasta el momento han
sido infértiles, no por problemas metodológicos, sino porque no ha existido
verdadera voluntad política de diálogo, que requiere también ánimo de
entendimiento, en definitiva, voluntad de llegar a un acuerdo. No habrá reforma
legítima sin la participación de los actores que levantaron el debate educacional,
así lo ha entendido la sociedad toda, esa es la manera en que un pueblo que
desconfía de sus representantes castiga la estrechez de nuestra democracia y
lucha por su ampliación en aspectos fundamentales como la educación.
Chile ha
expresado una voluntad de cambio. Esta es una oportunidad histórica. Aprovechémosla.
Nunca más sin nosotros.
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