DECLARACION PUBLICA DE ACADEMICOS DE LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE.
Los Académicos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile que suscriben la presente declaración estiman necesario hacer presente su total rechazo a lo sucedido con fecha 13 de junio pasado en el monumento nacional constituido por la casa Central de la Universidad de Chile, situación en la cual Carabineros de Chile bajo el pretexto de la comisión de delitos flagrantes violó la autonomía universitaria y puso en peligro un edificio patrimonial que pertenece a todos los chilenos y, con una violencia desproporcionada, agredió a estudiantes que se encontraban en dicho recinto universitario.
Rechazamos también la declaración del actual Ministro del Interior, quien justificó el proceder de Carabineros supuestamente amparado bajo la persecución de un delito flagrante, en los términos siguientes: “No es necesario pedir permiso al dueño de casa, rector de universidad o párroco de iglesia si al interior de un inmueble hay delito flagrante donde desde el interior de un inmueble se estén tirando bombas molotov Carabineros va a actuar y va a detener a aquellas personas que están cometiendo ese delito flagrante” (www.latercera.cl).
El fundamento legal para la facultad que el ordenamiento jurídico chileno confiere para detener a quien sea sorprendido en delito flagrante se encuentra en el art. 129 del Código Procesal Penal, cuyo inciso 2º dispone que semejante facultad se convierte en una obligación para los agentes policiales. El inciso final de la misma disposición establece, a su vez, que tratándose de casos de delito flagrante, “la policía podrá ingresar a un lugar cerrado, mueble o inmueble, cuando se encontrare en actual persecución del individuo a quien debiere detener, para el solo efecto de practicar la respectiva detención”.
El Sr. Ministro del Interior debió tener en consideración esta última cláusula de la disposición legal. Pues aquello a lo cual se autoriza a la policía, en caso de flagrancia, no es simplemente ingresar al lugar en cuestión “para el efecto” de practicar la detención, sino más bien “para el solo efecto” de practicarla. Tal hipótesis no ocurrió en la práctica pues las fuerzas policiales ingresaron al interior del edificio de la Casa Central de la Universidad lanzando gases lacrimógenos sobre terceros y destruyendo la propiedad dentro de un lugar de enorme valor patrimonial, y sólo con ocasión de esta acción –y no para el solo efecto- se detuvo a algunas personas.
La situación descrita resulta especialmente sorprendente si se considera que, conforme a la información disponible, los detenidos fueron dejados en libertad sin efectuársele imputación criminal alguna, dejándose en evidencia el intento de la autoridad de justificar con base a criterios de persecución penal de delitos lo que no fueron sino acciones de violencia policial desmedida.
Llamamos la atención a la ciudadanía acerca de la ostensible escalada de violencia por parte del gobierno respecto de los recintos universitarios, recordando que con fecha 28 de mayo pasado Carabineros procedió a irrumpir, también con violencia desproporcionada, en los recintos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile a pesar de la presencia de autoridades universitarias y de profesores que trataban de obtener una solución pacífica de un conflicto entre carabineros y manifestantes. No obstante ello, Carabineros derribó una reja de entrada del edifico de Santa María 076 con un vehículo policial e ingresó por la fuerza al establecimiento, sin autorización.
Por tanto, los que suscribimos la presente declaración lo hacemos en cumplimiento de nuestro deber administrativo como funcionarios públicos de proteger la dignidad de nuestra corporación, cuya autonomía universitaria y patrimonio han sido violentados. Consideramos un deber rechazar el uso de medidas de fuerza desproporcionada como las utilizadas por Carabineros en estos hechos y más aun rechazamos el respaldo que el Gobierno le otorga a dicha acción policial en contra del patrimonio republicano constituido por el edificio diseñado por Lucien Hénault y construido por Fermín Vivaceta entre 1863 y 1872, declarado monumento histórico en 1974.
Los abajo firmantes hacemos presente a la ciudadanía y en especial al gobierno que debe tomar conciencia acerca de que la normativa legal vigente establece ininterrumpidamente, incluso durante el gobierno del General Pinochet, la autonomía académica, económica y administrativa universitaria regulada en la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, la que obliga a respetar las decisiones de sus autoridades, la libertad intelectual y de funcionamiento de las universidades y, como consecuencia de ello, la de los recintos en las cuales funcionan y que son propiedad descentralizada de la Corporación y del patrimonio que el propio estado ha adscrito al dominio de Corporaciones autónomas, como es la Universidad de Chile.
En esos recintos la seguridad personal de nuestros estudiantes es de nuestra competencia.
MARIA ANGELICA FIGUEROA QUINTEROS
MARIA NORA GONZALEZ JARAQUEMADA
MARIA INES HORVITZ LENNON
PILAR MORAGA SARIEGO
SEBASTIAN RIOS LABBE
LORENA LORCA MUÑOZ
JUAN PABLO MAÑALICH RAFFO
VALENTINA DURÁN MEDINA
MARCELO SASSO FUENTES
MIGUEL ORELLANA BENADO
LUIS CORDERO VEGA
DAVOR HARASIC YASIC
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