ACUERDO UNÁNIME DEL CONSEJO
DE LA FACULTAD DE DERECHO:
El Consejo de la
Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, en sesión celebrada el día
jueves 21 de marzo del presente, ha acordado en forma unánime emitir la
presente declaración pública, y respaldar las acciones que ha emprendido el
Decano, en su calidad de Presidente de la Editorial Jurídica de Chile ante la
decisión adoptada por el Senado de la República de solicitar a S.E. el
Presidente de la República, el envío de un proyecto de ley que disponga la
disolución de la Editorial Jurídica de Chile y confiera exclusivamente a la
Biblioteca del Congreso Nacional la facultad de editar en formato digital los
textos oficiales de los Códigos de la República.
La decisión del
Senado no consideró que la Editorial Jurídica de Chile es una persona jurídica
de Derecho Público, creada por ley, cuyo exclusivo objetivo es la difusión,
divulgación y actualización de obras jurídicas, y la exclusividad en la Edición
Oficial de los Códigos de la República. Fue creada por ley en 1947, como
consecuencia de un convenio entre la Facultad de Derecho de la Universidad de
Chile y la Biblioteca del Congreso Nacional.
De acuerdo a su
naturaleza, la Editorial Jurídica de Chile fue inicialmente financiada con
fondos públicos, situación que fue revertida a través del tiempo, al haberse
derogado o modificado las diversas leyes que lo hacían posible, lo que
naturalmente repercutió en su financiamiento, provocando un déficit de arrastre
que actualmente está atendiendo en la medida de sus posibilidades. Con todo, esta
situación no ha afectado el desenvolvimiento de sus actividades ni la calidad
de sus publicaciones.
La Editorial Jurídica
de Chile ejerce una función de fe pública en resguardo de la certeza y
oficialidad de las normas jurídicas, lo que es esencial en un Estado de
Derecho, tal como lo señaló el Tribunal Constitucional (Rol 1144, de 23 de
diciembre de 2008), razón por la cual la citada ley integró a la Universidad de
Chile, a través de su Facultad de Derecho, en esta tarea.
El Senado no debe
ignorar los derechos amparados constitucionalmente de que es titular la
Facultad de Derecho como miembro fundador de la Editorial Jurídica de Chile,
incluyendo entre ellos un fondo bibliográfico de incalculable valor jurídico.
Mediante esta acción el Senado se ha arrogado unilateralmente una función
pública que requiere ser aprobada por el Estado.
De acuerdo a la ley
N° 8737, la disolución de la Editorial Jurídica de Chile debe ser acordada por
la unanimidad de su Consejo, y requiere
además ser aprobada por ley; ninguna de cuyas condiciones se han cumplido.
Al proponer el Senado
la disolución de la Editorial Jurídica de Chile, prescindiendo de lo dispuesto
en la ley, del acuerdo de su Consejo y, lo que es más grave, de la voluntad de una
de las dos instituciones fundadoras, ha incurrido en una determinación
arbitraria e inconveniente para el interés general del país.
En virtud de lo
expuesto, solicitamos respetuosamente a S.E. el Presidente de la República
analizar la proposición del Senado y conforme a derecho, rechazarla.
Consejo de la Facultad
de Derecho.
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